Videovigilancia Urbana: Una tendencia imparable, también en Chile

Los sistemas de videovigilancia han sido y continúan posicionándose como una alternativa real, efectiva y – sobretodo – altamente rentable.

Por Luis Mariano Vega
Gerente de Ventas de Axis Communications

Recientemente, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) entregó las cifras de su XV Encuesta de Victimización del Comercio a nivel nacional correspondiente al año 2016, en donde destaca que más del 51% de los encuestados a nivel nacional y en el Gran Santiago (propietarios de establecimientos comerciales, hoteles y restoranes) fueron víctimas de uno o más delitos.

Precisamente, muchos alcaldes y autoridades comunales están impulsando nuevas medidas de seguridad que integren:

  • La tecnología de punta;
  • El recurso humano y;
  • La planificación estratégica de manera integral y coordinada con las fuerzas policiales y de investigaciones.

De esta manera se podrá prevenir y reaccionar de forma cada vez más eficiente frente a este grave problema.

Los sistemas de videovigilancia han sido y continúan posicionándose como una alternativa real, efectiva y – sobretodo – altamente rentable a nivel mundial, regional y local.

Muchos municipios están invirtiendo y los resultados están siendo cada vez más positivos.

Casos cercanos

Este año, por ejemplo, la ciudad de Bucaramanga en Colombia celebró la reducción de crímenes en un 50% en las zonas monitoreadas por cámaras.

La reducción de los hurtos, la extorsión y las lesiones personales, entre otros delitos, evidencian un esfuerzo articulado que incluye la instalación de cámaras en esos entornos.

De hecho, la misma encuesta de la CNC ante la pregunta sobre las medidas más eficientes para combatir el robo y la delincuencia reflejó que los comerciantes y empresarios confían principalmente en el apoyo de cámaras de seguridad (86,1%) por sobre otras como las protecciones/rejas o la instalación de alarmas.

Las nuevas generaciones de cámaras de vigilancia son cada vez más inteligentes, funcionales y especializadas, como, por ejemplo, aquellas que incorporarn software para el reconocimiento facial y cuentan con opciones para ser utilizadas en vehículos, como las patrullas de seguridad municipal o la policía.

Pero lo más efectivo hoy para la reducción del crimen es la combinación de tecnologías de punta con un trabajo de inteligencia basado en datos fiables y que permita, efectivamente:

  • Identificar a personas y vehículos;
  • Deducir tendencias;
  • Anticiparse a los hechos y;
  • Ofrecer al ciudadano un retorno sobre su inversión que tenga sentido a largo plazo: cinco, siete, diez años.

Experiencias locales

Una de las experiencias de implementación de tecnologías de videovigilancia para gestionar las emergencias ciudadanas se concretó en el Municipio de Concón, gracias a un moderno sistema de cámaras full HD integradas a altavoces IP que ha permitido prevenir delitos, tanto en los hogares de sus residentes, como en las zonas turísticas.

Esto ha sido especialmente efectivo durante los períodos estivales, cuando la población flotante de la comunidad crece en forma muy considerable.

La moderna red de cámaras cuenta con capacidad de monitoreo en 360 grados y un alcance visual de hasta dos kilómetros cuadrados.

Además, están integradas a una red de altavoces digitales que permiten dotar a las autoridades con comunicación de audio en tiempo real.

Otro ejemplo relevante de implementación exitosa lo vemos en el municipio de Vicente López (vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) el cual implementó una red de más de 800 cámaras en las calles, transformándose en una referencia internacional en este ámbito.

El impacto de esta implementación en la operación de la ciudad fue inmediato pues permite proteger al ciudadano y responder rápidamente ante cualquier incidente que pudiera suceder, ya sea un delito, una discusión de tránsito o la identificación de sospechosos. Todo eso sin ningún fallo en las cámaras en cinco años.

Como podemos apreciar, estos casos cercanos reflejan que la tecnología y las mejores prácticas para velar por la seguridad de personas, bienes e infraestructura pública están a la vista, optimizando los recursos disponibles de manera tal que los gobiernos locales puedan destinarlos a otros ámbitos como salud, educación, medio ambiente o transporte.