por Martín Olivera -
presidente de SOLAR Software Libre Argentina
www.solar.org.ar

En los últimos años, fundamentalmente a partir de la crisis del 2001, la Argentina ha resultado muy beneficiada para el desarrollo de una industria nacional de software: con un tipo de cambio alto como punta de lanza, una adecuada base subyacente de conocimientos técnicos y formación universitaria junto a ciertas particularidades como husos horarios apropiados para Europa y Estados Unidos, mayor cercanía cultural y un poco de ayuda de la diáspora argentina en el exterior, el modelo de crecimiento de la industria nacional del software se tornó netamente exportador, llegando a desplazar en algunos proyectos de outsourcing a otros países más “exóticos” - de lejanía cultural - como la India y otros destinos, históricamente más afianzados.

La dinámica de este mercado - intangible, volátil, de crecimiento explosivo - ubicó a nuestro país rápidamente en el escenario internacional, lo que fue bien alimentado con acciones de gobierno por impulso del lobby empresario - principalmente por la Cámara de Software y Servicios Informáticos (CESSI) - que logró concretar numerosos apoyos estatales al sector y la sanción de normas como la Ley de Promoción de la Industria del Software para financiar la actividad empresaria, a través de la reducción de impuestos e incluso subsidiando directamente proyectos privados con aportes no reembolsables, mediante fondos especiales como el FONSOFT (Fondo Nacional del Software) y otros. Sin embargo, las condiciones que se piden a las empresas para acceder a estos beneficios y los tiempos burocráticos del estado versus la propia dinámica acelerada del escenario internacional del software, reserva estas ventajas sólo para empresas de determinado tamaño y con determinado perfil exportador, dejando fuera muchos proyectos interesantes que podrían alimentar mejor nuestro futuro como sociedad, sobre todo en términos de una innovación productiva que conduzca hacia un desarrollo local sustentable.

El software permite acelerar, organizar, interconectar, automatizar, auditar y optimizar la producción. Por eso la aplican las corporaciones: para mejorar su productividad, ser más eficientes, en definitiva más rentables. Teniendo en cuenta esto, un país que se posiciona como exportador de software está vendiendo de algún modo recursos “naturales” (renovables en este caso, pues son cerebros pensando, pero con un costo de formación educativa estatal no despreciable) para mejorar la producción en otros países y ayudar a otros a crecer. Si bien puede resultar estratégico formar parte de una cadena productiva internacional, si nuestro rol se limita a vender horas de nuestro cerebro para uso ajeno… en fin, creo que el estado debería subsidiar con mayor inteligencia en este caso. Parece incoherente subsidiar la exportación de unos recursos naturales mientras se aplican retenciones a otros, y que se ayude más a quienes exportan software - que ya cuentan con un negocio de alta rentabilidad - que a aquellos que lo producen y aplican, por ejemplo, para mejorar la producción de bienes tangibles en la industria nacional. Actualmente tienen más ventajas las empresas TIC que exportan software y servicios informáticos que las que no lo hacen, la exportación de software es condición para acceder al régimen de exención de impuestos en la Ley de Promoción de la Industria del Software. Es decir, entre todos subsidiamos a aquellos que mejoren la industria extranjera; como mínimo, esa condición debería eliminarse.